El fin del dinero en efectivo podría estar más cerca de los que creemos. Parece propio de una peli de ciencia ficción, pero podría ser real en menos de lo que imaginamos.

Hacienda ha limitado a 1.000 € los pagos en efectivo a partir de 1 de enero de 2017. En 2012 se aprueba la primera medida en este sentido, limitando las transacciones superiores a 2.500 € a medios que dejen rastro, como tarjetas de crédito o débito, siempre que, al menos una de las partes, sea una empresa o profesional.

Los técnicos de Hacienda aplauden la medida, al entender que dificultará el fraude fiscal, si bien, la Unión de Contribuyentes considera que esta medida perjudicará a los colectivos más débiles, como “familias con bajos ingresos, autónomos y micropymes”.

Las consecuencias del incumplimiento de esta medida, sobre la base de que el dinero efectivo implica necesariamente que es un dinero de procedencia ilícita, algo absolutamente discutible de todo punto, supone una sanción, que consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción. Supongamos que el importe pagado en efectivo asciende a 10.000 euros, la sanción sería de 2.500 euros.

Queremos hacernos eco de otras voces más “conspiranoicas”, que apuntan a que la implementación de esta medida tiene que ver con el escenario de tipos negativos en el que están inmersas varias economías del mundo. Está claro que, con rentabilidades bancarias bajo cero, el ciudadano puede verse tentado a sacar los ahorros del banco y guardar el dinero en su casa… Y ¿por que no decirlo? ¿A quién benefician los pagos con tarjeta? Pues a los de siempre, a los que cobran comisiones por cada operación realizada a través de sus TPVs.