El pasado 12 de Julio, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, anunció un endurecimiento en el Impuesto de Sociedades con el fin de recaudar hasta 6.000 millones de euros y reducir de esta manera el déficit público.

 

Una medida que, por el momento, no se va a llevar a la práctica hasta que no se forme un nuevo gobierno, pero que ya ha generado una enorme polémica porque podría suponer una forma de subir el impuesto de sociedades y que, además, podría afectar a las pymes. Pues bien, ni una cosa ni, en principio, la otra.

 

En primer lugar porque no variará la carga impositiva del impuesto, ni tampoco aumentará el tipo ni siquiera aumentará la base imponible. Antes al contrario, se trata de una modificación en la forma en la que se realizaban los pagos a cuenta, de manera que lo que pretende el Gobierno es modificar la forma de cálculo del impuesto para que las empresas abonen una cuota mayor en el ejercicio en curso, y regularizarlo el ejercicio siguiente cuando se realice la liquidación del impuesto. Es decir, aunque es cierto que aumentan las retenciones y el fraccionamiento, la cuota tributaria total a satisfacer sigue siendo la misma, al devolverse el exceso en el momento de realizar su liquidación.

 

Además, se trata de una medida que apenas afectaría a las pymes, al menos a priori. A falta de articulación efectiva, parece que el deseo del Ejecutivo es establecer un umbral a partir del cual esta medida no tenga incidencia sobre las empresas con poca facturación, de manera que las pymes y micropymes puedan aplicar las retenciones tal y como venían haciendo hasta ahora.

 

Ahora bien, que no se vaya a subir el impuesto no quiere decir que las empresas no vayan a tener problemas para su pago. Se trata de una medida que puede provocar tensiones de tesorería en las empresas, ya que les obliga a dotarse de liquidez a priori para realizar el pago del impuesto.

 

Además, está por ver si la medida serviría para recaudar 6.000 millones de euros, tal y como pretende el Gobierno. Hay que tener en cuenta que este adelanto en las retenciones constituye, aproximadamente, un 25% del total de la recaudación del impuesto que, además, se compensaría con una salida de efectivo cuando se realizase la liquidación del impuesto (aunque, eso sí, se compensaría con un aumento de las retenciones del año siguiente).