El cumplimiento legal en el seno de la empresa es fundamental para el buen funcionamiento de la misma. Sin embargo, son muchos los empresarios que desconocen los peligros de no tener un plan de cumplimiento legal.

 

En  la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En esta reforma se anuncia que las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por sus representantes legales y administradores, pero también, por quienes estando sometidos a su autoridad hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Con esta reforma una empresa no sólo debía enfrentarse a las sanciones, generalmente de gran importancia económica, que las distintas regulaciones sectoriales establecen, sino que también debía enfrentarse a la responsabilidad por un delito. Es por esto que las empresas empiezan a pensar en la figura del compliance penal.

 

Un compliance penal es una herramienta que sirve para prevenir la comisión de delitos dentro de la empresa por parte de sus empleados en nombre, por cuenta o en beneficio directo o indirecto de la empresa.

 

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética.

 

Tradicionalmente, estas funciones recaían en los departamentos de asesoría jurídica, al menos a nivel general. Pero debido a la mayor complejidad regulatoria han surgido personas que se especializan en esta función, ya sea desde dentro de la empresa como asesor in-house, o bien como parte de compañías especializadas en compliance.

 

Contribuye, en definitiva, a aumentar la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, potenciará que las empresas adopten sistemas de control que se extenderán a otros ámbitos de riesgo además del penal